Las Protestas en Francia y el Estado de Bienestar / Protests in France and the Welfare State

Las Protestas en Francia y el Estado de Bienestar

En el podcast The Edition, de la revista The Spectator, Lara Prendergast conversó con Michael Simmons, editor de economía de la revista, el escritor Louis Sarkozy y el comunicador Sir Loyd Grossman, para analizar si Francia se encamina hacia una revolución, ante la oleada de protestas y disturbios que sacuden al país.

Louis Sarkozy sostiene que Francia se enfrenta a una confluencia de crisis —políticas, económicas, demográficas y de seguridad— y advierte que esta agitación probablemente tendrá repercusiones en las elecciones presidenciales del próximo año. Dependiendo de a quién se le pregunte, las razones de las protestas cambian. Algunos exigen impuestos más bajos, mientras que los estudiantes reclaman un mayor gasto público, lo que va en dirección opuesta a las demandas del primer grupo, ya que se necesitan más impuestos para financiar ese gasto. La alternativa sería emitir más deuda e incrementar el déficit, con el riesgo de que la inflación termine erosionando los ingresos de los ciudadanos. Por otro lado, otros sectores piden mejores salarios, una demanda que también puede entrar en conflicto con las anteriores.

El peligro radica, por lo tanto, en que las protestas no responden a una sola causa, lo que vuelve mucho más compleja cualquier solución. Mientras tanto, la izquierda ve estas movilizaciones como un motor del progreso.

¿Está perdiendo Macron el control? ¿Podría Marine Le Pen llegar al poder? ¿Hasta qué punto son estos disturbios violentos un fenómeno exclusivamente francés o forman parte de un malestar europeo más amplio? Además, los participantes debaten por qué la figura de Napoleón sigue teniendo tanto peso en la política y la cultura francesas. Louis analiza los hábitos de lectura obsesivos del emperador, mientras que Loyd plantea si la política actual está volviendo a estar marcada por la influencia de los grandes hombres, en lugar de por las instituciones.

La Revolución de 1789 y sus paralelismos con la Francia actual

Basándose en este análisis y en la dinámica política histórica del país, se puede considerar que Francia sigue profundamente influida por la Revolución de 1789 y por las fuerzas estructurales que la desencadenaron. La persistencia de esta herencia no es una mera coincidencia, sino un rasgo fundacional de su cultura política. Las principales conexiones entre la agitación actual y el legado revolucionario se pueden identificar a través de varios paralelismos. El primero es la crisis fiscal y el conflicto sobre quién paga la factura del Estado. La Revolución estalló en un contexto de déficit presupuestario crónico, provocado en parte por las guerras y agravado por un sistema fiscal profundamente desigual, que imponía cargas desproporcionadas a los sectores menos privilegiados mientras eximía de muchas obligaciones a los grupos dominantes.

En la actualidad, las demandas de bajar los impuestos, por un lado, y aumentar el gasto público y los salarios, por otro, ponen de manifiesto una contradicción difícil de resolver. Al igual que en el siglo XVIII, el debate central gira en torno a quién paga la factura del Estado y cómo el endeudamiento o la inflación pueden terminar erosionando los ingresos de los ciudadanos.

El segundo paralelismo es la calle como espacio legítimo de expresión de la soberanía popular. En 1789, ante el bloqueo de las instituciones, como ocurrió con los Estados Generales, la movilización popular adquirió un papel decisivo. La toma de la Bastilla se convirtió en un símbolo de la capacidad del pueblo para desafiar al poder establecido. En la actualidad, la cultura política francesa mantiene la arraigada convicción de que el verdadero contrapeso al poder no se ejerce únicamente en las urnas, sino también mediante la movilización social. La izquierda, en particular, sigue percibiendo las protestas masivas como un motor del progreso.

El tercer aspecto es la tensión entre las instituciones fuertes y el mito del Gran Hombre. En 1789, el colapso de la monarquía absoluta dio paso a un período de inestabilidad política, que culminó con el ascenso de Napoleón Bonaparte, una figura centralizadora y autoritaria. Este proceso plantea una cuestión relevante: ¿hasta qué punto la inestabilidad política termina alimentando la búsqueda de liderazgos fuertes? El debate que plantea Loyd Grossman apunta precisamente a esta cuestión: si la política actual está regresando a la lógica de los grandes hombres, en lugar de confiar en las instituciones. El modelo presidencialista de la Quinta República, establecido bajo Charles de Gaulle, concentra amplios poderes en el jefe de Estado, a quien a veces se describe como un monarca republicano. Cuando surge el descontento, la ira popular puede dirigirse directamente hacia la figura presidencial, en este caso, Emmanuel Macron. Esta concentración de poder contribuye a que la presidencia se convierta en el principal blanco de las críticas y del descontento social.

Un cuarto aspecto es la fragmentación de las demandas y la ausencia de un objetivo común. A diferencia de 1789, cuando amplios sectores del Tercer Estado compartían el rechazo al absolutismo y a los privilegios feudales, las protestas actuales carecen de una causa única y coherente. Los estudiantes, quienes exigen rebajas fiscales y quienes reclaman aumentos salariales pueden tener intereses contrapuestos. Esta fragmentación convierte la agitación social en una confluencia de crisis económicas, demográficas y de seguridad difíciles de canalizar institucionalmente. No existe necesariamente un objetivo compartido que permita transformar el descontento en una propuesta política común.

En conclusión, la predisposición a la confrontación directa con el Estado, el temor al colapso institucional y la constante oscilación entre la rebelión popular y el anhelo de liderazgos fuertes sugieren que los fantasmas de la Revolución Francesa siguen presentes en la identidad política de la Francia contemporánea. ¿Es el Estado de Bienestar parte del problema?

Lo que sí parece claro es que la situación económica resulta preocupante. Esto debería llevar a cuestionar hasta qué punto el Estado de Bienestar ha contribuido a sostener el desarrollo de las economías que dependen del apoyo popular a este modelo.

El problema se vuelve más complejo cuando los beneficios de unos pueden implicar la reducción de los beneficios de otros. Un ejemplo es la edad de jubilación: para evitar elevarla aún más, puede ser necesario buscar otras fuentes de financiación o recortar el gasto en otras áreas, como la educación. De esta manera, incrementar los beneficios deja de ser una cuestión de sumar recursos y se convierte en una decisión sobre qué se debe sacrificar. Si se da más por un lado, ¿de dónde se recorta por el otro? ¿Se está cuestionando, entonces, el Estado de Bienestar en la raíz de esta problemática? No es difícil concluir que un gasto público elevado puede contribuir a una crisis fiscal y económica, limitando las herramientas de los gobiernos para encontrar soluciones. No se pueden bajar los impuestos sin afrontar la cuestión de cómo financiar los beneficios existentes, ni mejorar los salarios sin considerar el peso de las cargas fiscales y sociales que recaen sobre las empresas y los trabajadores.

Entonces, ¿cuál es la solución? Algo que me parece claro es que acostumbrar a la población a depender de subsidios y beneficios puede resultar peligroso, especialmente cuando las expectativas sociales crecen más rápido que la capacidad de la economía para financiarlas. Cuando una sociedad considera que determinados beneficios son derechos adquiridos, cualquier intento de reformarlos puede provocar una fuerte resistencia, incluso cuando su sostenibilidad financiera está en entredicho.

Esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿ha sido el Estado de Bienestar una solución a los problemas sociales y económicos o podría convertirse, bajo determinadas condiciones, en el germen de un problema aún mayor?

Protests in France and the Welfare State

In The Spectator’s podcast *The Edition*, Lara Prendergast spoke with the magazine’s economics editor, Michael Simmons, writer Louis Sarkozy, and broadcaster Sir Loyd Grossman to analyze whether France is heading toward a revolution, given the wave of protests and unrest currently shaking the country.

Louis Sarkozy argues that France is facing a convergence of crises—political, economic, demographic, and security-related—and warns that this turmoil will likely have repercussions for next year’s presidential election. The reasons cited for the protests vary depending on whom you ask: some demand lower taxes, while students call for increased public spending—a position that runs counter to the first group’s demands, as higher taxes would be required to fund such spending. The alternative would be to issue more debt and increase the deficit, with the risk that inflation could end up eroding citizens' incomes. Meanwhile, other sectors are calling for better wages—a demand that may also conflict with the others.

The danger, therefore, lies in the fact that the protests do not stem from a single cause, which makes finding a solution far more complex. In the meantime, the left views these mobilizations as a driving force for progress.

Is Macron losing control? Could Marine Le Pen come to power? To what extent are these violent disturbances an exclusively French phenomenon, or are they part of a broader European malaise? Furthermore, the participants discuss why the figure of Napoleon continues to carry such weight in French politics and culture. Louis examines the emperor’s obsessive reading habits, while Loyd questions whether contemporary politics is once again being shaped by the influence of "great men" rather than by institutions.

The Revolution of 1789 and its parallels with present-day France

Based on this analysis and the country’s historical political dynamics, it can be argued that France remains deeply influenced by the Revolution of 1789 and the structural forces that triggered it. The persistence of this legacy is no mere coincidence; rather, it is a foundational feature of France’s political culture. Key connections between the current unrest and the revolutionary legacy can be identified through several parallels. The first is a fiscal crisis and the conflict over who foots the bill for the state. The Revolution erupted against a backdrop of chronic budget deficits—driven in part by wars and exacerbated by a deeply unequal tax system—which imposed disproportionate burdens on the less privileged, while exempting dominant groups from many obligations.

Today, demands to lower taxes on one hand, and to increase public spending and wages on the other, highlight a contradiction that is difficult to resolve. Much like in the 18th century, the central debate revolves around who foots the bill for the state, and how public debt or inflation can ultimately erode citizens' incomes.

A second parallel is the role of the public square—the "streets"—as a legitimate space for expressing popular sovereignty. In 1789, when institutions became deadlocked—as was the case with the Estates-General—popular mobilization played a decisive role. The storming of the Bastille became a symbol of the people's capacity to challenge established power. Today, French political culture retains a deep-seated conviction that a true counterweight to power is not exercised solely at the ballot box, but also through social mobilization. The Left, in particular, continues to view mass protests as a driving force for progress.

A third aspect is the tension between robust institutions and the myth of the "Great Man." In 1789, the collapse of the absolute monarchy gave way to a period of political instability, which culminated in the rise of Napoleon Bonaparte—a centralizing, authoritarian figure. This process raises a pertinent question: to what extent does political instability fuel a desire for strong leadership? The debate prompted by Loyd Grossman touches precisely on this: whether contemporary politics is reverting to the logic of "Great Men," rather than relying on institutions. The presidential model of the Fifth Republic, established under Charles de Gaulle, concentrates significant power in the hands of the head of state—a figure sometimes described as a "republican monarch." When discontent arises, popular anger can be directed squarely at the president—in this case, Emmanuel Macron. This concentration of power ensures that the presidency becomes the primary target for criticism and social unrest.

A fourth aspect is the fragmentation of demands and the absence of a common objective. Unlike in 1789, when broad segments of the Third Estate shared a rejection of absolutism and feudal privileges, today’s protests lack a single, coherent cause. Students, those demanding tax cuts, and those calling for wage increases may have conflicting interests. This fragmentation turns social unrest into a confluence of economic, demographic, and security crises that are difficult to channel through institutional means. There is no necessarily shared goal that would allow discontent to be transformed into a common political proposal.

In conclusion, the predisposition toward direct confrontation with the State, the fear of institutional collapse, and the constant oscillation between popular rebellion and a longing for strong leadership suggest that the ghosts of the French Revolution remain present in the political identity of contemporary France. Is the welfare state part of the problem?

What does seem clear is that the economic situation is concerning. This should prompt us to question the extent to which the welfare state has contributed to sustaining the development of economies that rely on popular support for this model.

The problem becomes more complex when the benefits received by some may entail a reduction in the benefits available to others. Retirement age is one such example: to avoid raising it further, it might be necessary to seek alternative funding sources or cut spending in other areas, such as education. In this sense, increasing benefits is no longer just a matter of adding resources; it becomes a decision about what must be sacrificed. If more is provided in one area, where should cuts be made elsewhere? Does this, then, call the very foundations of the welfare state into question? It is not difficult to conclude that high public spending can contribute to a fiscal and economic crisis, thereby limiting the tools available to governments to devise solutions. Taxes cannot be lowered without addressing how to fund existing benefits, nor can wages be improved without considering the burden of fiscal and social levies placed on businesses and workers.

So, what is the solution? It seems clear to me that conditioning a population to rely on subsidies and benefits can be dangerous—especially when social expectations grow faster than the economy’s capacity to fund them. When a society comes to view certain benefits as acquired rights, any attempt to reform them can trigger strong resistance, even when their financial sustainability is in doubt.

This leads us to a fundamental question: has the welfare state served as a solution to social and economic problems, or could it, under certain conditions, become the root of an even greater problem?