El costo de una revolución: cuando la política fracasa, la economía se resiente y el ciudadano paga el precio / The cost of a revolution: when politics fails, the economy suffers, and the citizen pays the price

El costo de una revolución: cuando la política fracasa, la economía se resiente y el ciudadano paga el precio

El costo de una revolución: cuando la política fracasa, la economía se resiente el ciudadano común y corriente termina pagando el precio sintetiza una de las dinámicas más complejas de la historia: la estrecha y a menudo destructiva relación entre la inestabilidad política y el colapso financiero. Son pocos los ejemplos en la historia donde esta realidad ha sido distinta. Las grandes revueltas ciudadanas pueden nacer de causas legítimas: corrupción, abuso de poder, falta de oportunidades o una profunda desconexión entre la ciudadanía y sus gobernantes. Sin embargo, una pregunta que recibe mucha menos atención: ¿cuál es el costo económico de una revolución para la población? La historia demuestra que una protesta puede cambiar gobiernos, abrir debates e incluso derribar regímenes autoritarios. Pero también puede provocar fuga de capitales, pérdida de inversión, desempleo y años de estancamiento económico. El verdadero desafío de una democracia no consiste en impedir que la gente proteste, sino en construir instituciones capaces de escuchar antes de que la calle estalle. Aquí analizo los costos económicos de las revueltas, las lecciones que ofrecen diversos países y una pregunta de fondo: ¿necesitan las democracias nuevos mecanismos de rendición de cuentas más allá de votar cada cuatro o cinco años? 

El impacto económico inmediato

Cuando un país de renta media o media-alta entra en un período prolongado de inestabilidad social, la primera víctima es la confianza. La economía moderna depende menos de los recursos naturales que de un activo intangible: la credibilidad de que las reglas del juego serán estables. Los efectos aparecen con rapidez: fuga de capitales: inversionistas nacionales y extranjeros trasladan sus recursos hacia economías más seguras. Depreciación de la moneda: aumenta el costo de los productos importados y disminuye el poder adquisitivo. Parálisis productivo: bloqueos, cierres y disturbios afectan el comercio, el transporte y las cadenas de suministro. Caída de la recaudación fiscal: el Estado recibe menos ingresos precisamente cuando enfrenta mayores demandas sociales.  Paradójicamente, quienes más sufren estas consecuencias suelen ser los sectores de menores ingresos, pues son los más vulnerables al desempleo, la inflación y la reducción de servicios públicos.

El peligro del populismo de corto plazo

Frente a una crisis social, muchos gobiernos reaccionan con medidas destinadas a calmar el conflicto inmediato: subsidios generalizados, aumentos salariales sin respaldo fiscal o transferencias masivas de recursos. Aunque estas decisiones pueden generar alivio temporal, con frecuencia trasladan el problema hacia el futuro. Cuando el gasto público crece sin una fuente permanente de financiamiento, aparecen unas consecuencias previsibles:

Déficits fiscales crecientes. Mayor endeudamiento y tasas de interés más altas. Pérdida del grado de inversión, encareciendo el crédito para el Estado y para las empresas.  La historia económica muestra que los mercados pueden perdonar una recesión; lo que rara vez perdonan es la imprevisibilidad institucional. El costo más invisible es perder el futuro. Existe un concepto económico particularmente útil para entender estas crisis y es el costo de oportunidad. No se trata únicamente del dinero que se pierde hoy, sino de la riqueza que nunca llegará a existir. Cuando disminuye la inversión extranjera directa, dejan de construirse fábricas, centros tecnológicos, infraestructura y proyectos energéticos. Sin esas inversiones tampoco aparecen miles de empleos de calidad. A ello se suma otro fenómeno silencioso como la fuga de cerebros. Ingenieros, científicos, emprendedores y profesionales altamente calificados emigran buscando estabilidad, reduciendo la capacidad innovadora del país durante décadas.  Las revoluciones pueden cambiar el presente, pero también hipotecar el futuro si destruyen la confianza sobre la cual se construye el desarrollo.

Lecciones de distintos países. La experiencia internacional demuestra que no todas las crisis producen el mismo resultado. La diferencia suele estar menos en la intensidad de la protesta que en la calidad de las instituciones que responden a ella. 

Egipto. Colapso económico.Tras la Primavera Árabe, el turismo y las divisas se desplomaron. El país dependió de préstamos internacionales y de la venta de activos estatales para estabilizar su economía.

Ecuador. Corrección fiscal. Las protestas contra los subsidios provocaron pérdidas millonarias en transporte, comercio y exportaciones, obligando posteriormente a renegociar la disciplina fiscal.

Panamá. Reformas exitosas. Después de una profunda crisis política, fortaleció instituciones, consolidó la autonomía del Canal e impulsó la inversión internacional, convirtiéndose en uno de los mayores centros logísticos del continente.

Paraguay. Estabilidad fiscal. La reforma tributaria conocida como el Triple 10 y la responsabilidad fiscal transformaron la percepción internacional del país y facilitaron la llegada de nuevas inversiones.

Chile. Resolución institucional. El estallido social desencadenó un proceso constitucional sin precedentes. Sin embargo, el rechazo de dos propuestas constitucionales desplazó el debate desde la desigualdad hacia la seguridad pública y la estabilidad. En cuanto al costo económico de los disturbios, hoy —siete años después de los hechos— se dispone de ciertos indicadores. Cuestiones relativas a las pensiones, la salud y los salarios siguen sin resolverse; dado el contexto actual de menor empleo y crecimiento reducido —en gran medida, una consecuencia de los propios disturbios—, estos problemas no pueden abordarse a corto plazo. La destrucción causada por los disturbios ascendió a 3000 millones de dólares —el 1 % del PIB—, mientras que el costo de la reconstrucción se estima en 4500 millones de dólares. El mercado cayó un 12 % y la bolsa local perdió 27 000 millones de dólares en capitalización bursátil. Además, se perdieron 100 000 empleos en el sector minorista y comercial. Las compañías de seguros recibieron 7500 reclamaciones y desembolsaron 1300 millones de dólares. Chile se convirtió en un referente mundial en cuanto a pérdidas derivadas de disturbios civiles, lo que provocó un aumento en los costos de reaseguro en todo el sector asegurador. El Metro de Santiago sufrió daños en 122 de sus 136 estaciones, 22 de las cuales quedaron completamente calcinadas; el costo de reconstrucción ascendió a 255 millones de dólares. El crecimiento económico también se ha visto afectado; el país nunca ha recuperado los niveles de crecimiento de antaño, una época en la que el PIB de Chile se duplicaba cada década. En cuanto a la deuda y el ahorro, la deuda bruta del Estado ha pasado del 28 % al 42 % del PIB, lo que marca una transición de una nación acreedora a una nación deudora. Moody’s y otras firmas han advertido que la solvencia crediticia del país podría verse rebajada. El país avanzaba claramente en una dirección y ahora se desplaza en otra. Si bien es cierto que posteriormente sobrevino la pandemia, la diferencia radica en que la mayoría de los demás países han recuperado sus niveles de crecimiento previos a la crisis sanitaria, mientras que Chile no lo ha hecho. ¿A qué se debe esta diferencia? Al estallido social y a sus consecuencias económicas.

No son las protestas las que determinan el destino de un país, sino la calidad de las reformas que vienen después. ¿Sirven las revueltas ciudadanas? La evidencia comparada sugiere una respuesta negativa. Sí, las revueltas cumplen una función histórica: hacen visible aquello que las instituciones ignoraron durante años. Han logrado frenar políticas perjudiciales, abrir procesos de reforma y obligar a las élites a escuchar demandas largamente postergadas. Pero también tienen un límite evidente: una revuelta puede derribar un gobierno, pero no puede gobernar. Los movimientos sociales suelen ser horizontales y diversos. Cuando no existe una transición institucional sólida, el vacío de poder puede ser ocupado por actores mejor organizados: extremismos políticos, militares o incluso organizaciones criminales.  Por ello, el objetivo de una democracia madura no debería ser celebrar las revoluciones ni reprimirlas, sino hacerlas innecesarias.

La crisis de la democracia representativa. Quizás la pregunta más importante no sea económica, sino política. El modelo tradicional de democracia representativa entrega al ciudadano un enorme poder el día de la elección y muy poco durante los años siguientes. En una sociedad digital, acostumbrada a la inmediatez y la transparencia, esperar cuatro o cinco años para corregir una mala decisión pública parece cada vez menos razonable.  Esta desconexión alimenta la sensación de que el voto es un cheque en blanco y que las decisiones relevantes ocurren lejos del escrutinio ciudadano.

¿Puede el modelo suizo ofrecer una respuesta? Suiza constituye uno de los experimentos democráticos más interesantes del mundo. Allí los ciudadanos pueden vetar leyes aprobadas por el Parlamento mediante referéndums. Proponer iniciativas populares para modificar la legislación. Obligar a los políticos a negociar consensos antes de aprobar reformas importantes.  El resultado no ha sido una democracia más inestable, sino una política económica notablemente predecible. Los propios ciudadanos han rechazado en distintas ocasiones propuestas populares pero fiscalmente insostenibles, demostrando que la participación también puede generar responsabilidad.  Sin embargo, copiar el modelo suizo no es sencillo. Requiere instituciones sólidas, educación cívica, información confiable y una cultura de aceptación del resultado democrático. Sin esos elementos, los referéndums pueden convertirse en instrumentos de polarización o de manipulación emocional.

La oportunidad de la democracia digital. La tecnología abre una posibilidad que hace dos décadas era impensable: consultar permanentemente a la ciudadanía sin paralizar el país. Plataformas como Decidim, desarrollada originalmente en España y hoy utilizada por ciudades como Barcelona, Ciudad de México, Helsinki, Milán, Bruselas y otras instituciones europeas, permiten que los ciudadanos propongan políticas, prioricen inversiones y participen en presupuestos públicos de manera transparente.  Su mayor virtud no es únicamente escuchar, sino educar. Cuando un ciudadano asigna recursos a un proyecto, también observa cómo disminuye el presupuesto disponible, comprendiendo que toda decisión pública implica renuncias y prioridades.No obstante, la democracia digital también enfrenta riesgos importantes. Exclusión de quienes carecen de acceso o alfabetización digital. Vulnerabilidad frente a ciberataques. Manipulación mediante desinformación y polarización en redes sociales. La tecnología, por sí sola, no reemplaza la calidad institucional; únicamente amplía las herramientas disponibles.

El pueblo puede ser manipulado

Este gráfico es uno de los indicadores más importantes de movilidad social de la OCDE. La pregunta que responde es muy simple: De cada 100 niños que nacen en el 25% más pobre de la sociedad, ¿cuántos logran llegar al 25% más rico cuando son adultos? Imagine 20 niños nacidos en familias pobres en Chile. 15 permanecerán fuera del 25% más rico. 5 sí lograrán ascender hasta el grupo de mayores ingresos. Eso equivale aproximadamente al 23%, el valor que muestra Chile en el gráfico. ¿Por qué Chile aparece primero? Según ese estudio de la OCDE (2018), Chile tenía la mayor movilidad ascendente entre los países comparados: alrededor del 23%. Es decir, ofrecía más posibilidades de que un hijo de una familia pobre llegara al nivel alto de ingresos que Dinamarca, España, Reino Unido o Estados Unidos.

Respecto de las bondades y costos de la revueltas, como escribo en mi libro Libertas: Ideas de Libertad que Impulsan el Desarrollo, en el caso de Chile... "quizás el momento para alcanzar el desarrollo para Chile, ya pasó, estuvo tan cerca, más cerca que cualquier otro país latinoamericano en la historia, pero lamentablemente no lo logró, debido en mi juicio a una suerte de auto-sabotaje, una miopía que no dejó ver lo cerca que estaban (del desarrollo), recuerdo que para las revueltas del 2019, yo que llevo tantos años viviendo fuera de Chile, estaba de viaje en República Dominicana y ese 18 de octubre de 2019, lo vi por televisión, no logré entender qué había pasado. Pero también como Klaus Schmidt-Hebel (economista chileno) puede que sea un tropiezo y que se pueda volver a la ruta correcta. En todo caso, en mi experiencia, Chile había hecho todo bien, y no solo lo digo por mi experiencia personal, como ya he explicado respecto de la aplicación del modelo, sino por lo que yo veía en los otros países de Latinoamérica y como trataban de llegar a ese nivel de desarrollo. En mi experiencia, luego de dejar el BID y trabajar para otras organizaciones en la región, seguí viendo que la mayoría de los países de la región trataban de implementar las ideas y políticas públicas que había hecho tan exitoso al modelo chileno. También me daba cuenta de que para estos países era difícil implementar esas ideas debido a que el ecosistema, que Chile había logrado, ellos no lo tenían. Eran muchos los temas que se resolvían al implementar un sistema basado en la libertad, eran tan profundos los preceptos, que así como eran difícil de alcanzar, eran a la vez importantes. Desde Sócrates, Cicerón hasta los pensadores modernos, todos han buscado la libertad, por esa fuerza que trae, ya que probablemente representa nuestros valores más nobles. 

Por ejemplo, en el tema de vivienda social, donde yo trabajaba con una organización global dedicada a ello al momento de las protestas en Chile, era difícil que otro país tuviera las bajas tasas de interés de Chile para hipotecas para vivienda, que posibilitaban resolver el problema de la vivienda, más que cualquier planificación central o programa de gobierno o filantrópico, porque son tantos los elementos que se necesitan conjugar, que solo un principio como la libertad y el dejar actuar a los individuos en su propio interés, puede lograrlo. Para el resto de los países era difícil lograrla, ya que la tasa de ahorro interno no llegaba a los niveles que Chile tenía, gracias a la profundidad lograda por el mercado financiero, gracias a los fondos de capitalización personal destinados a las pensiones, y ese es el principio rector del mercado financiero. Esto se repetía en los distintos sectores de la economía, entonces, por ello que califico de auto-sabotaje el tema de las protestas, porque veía la diferencia en el nivel de desarrollo de Chile respecto de la región, porque trabajo en la región, tratando de ofrecer oportunidades a los más necesitados sea desde la inclusión digital, el turismo, la vivienda, a la economía verde o el sistema financiero. Por ello tuvo tanto efecto en mi persona ese momento, como puede ser que un país que llega a tener dicho nivel de desarrollo, lo tira todo por la borda, no entendiendo, como un adolescente, que adolece de madurez suficiente para tomar las dediciones correctas, que será difícil repetir esas condiciones, esa conjugación de elementos que producen dicha virtualidad es muy difícil de lograr. También los chilenos cayeron en este auto-sabotaje debido al engaño de los políticos de priorizar la igualdad por sobre el crecimiento. De prometer un futuro de ensueño, sin saber lo que se necesita para hacer avanzar una sociedad. Sin entender cómo el ecosistema ayuda o tranca el desarrollo de los países y sus habitantes. ¿Qué saben en general los dirigentes políticos sobre desarrollo? ¿Cuándo han estado involucrados en proyectos que lleven al desarrollo? Muy poco, ese es mi juicio, no creo que ellos hayan trabajado en proyectos de desarrollo, en plantear políticas públicas exitosas, porque si fuera así, no hubieran tomado las decisiones que tomaron. Pero los pueblos se equivocan y supongo que hay que tener la suficiente humildad para aceptarlo, por molesto que sea.

Venzuela. Ahora debemos reconocer que el costo economico no solo puede ser provocado por una revuelta sino que por gobiernos democraticos, aqui explico la ruta de Venezuela hacia la pobreza en el libro mencionado "¿Cómo se equivocan los pueblos?, la historia política de Venezuela, en la persona de Carlos Andrés Pérez lo refleja, quien fuera presidente en dos oportunidades y que nacionalizó la industria petrolera y con ello comenzó la corrupción, que luego llevó a Chaves a ser presidente el año 1999 y luego vino la destrucción del país más rico de Latinoamérica, si no se hubiera nacionalizado el petróleo y creado la empresa estatal Petróleo de Venezuela (PDVSA), la gran fuente de corrupción en Venezuela, porque todos comenzaron a vivir de ella, si se hubieran implementado las correctas políticas públicas, los venezolanos serían exitosos hoy, como los ciudadanos de Kuwait, UAE, Qatar y Noruega. Pero el pueblo se equivocó, en el mismo periodo, y con una fracción de las reservas de petróleo de Venezuela, UAE ha acumulado un fondo de ahorro de $600 billones y tiene un ingreso per cápita de $88000 y Noruega tiene un fondo de $900 billones y un ingreso per cápita de $118000,Venezuela hoy está quebrado, con enormes deudas con China y Rusia, y un ingreso per cápita de $16000, donde 70 % de la población vive como en Haití. Los pueblos se equivocan, sin lugar a dudas."

La democracia debe evolucionar

Las revueltas ciudadanas no representan el fracaso de la sociedad; representan, sobre todo, el fracaso de la política para canalizar oportunamente las demandas sociales. La estabilidad económica no se alcanza silenciando el descontento, sino construyendo instituciones donde los ciudadanos puedan influir de manera continua, transparente y responsable. Entre la democracia puramente representativa y la revolución permanente existe un camino intermedio: una democracia con mayor rendición de cuentas, consultas vinculantes graduales, iniciativas populares y participación digital bien diseñada.  Hace más de dos mil años, Platón advertía que una democracia podía sucumbir ante la demagogia cuando el carisma desplazaba al conocimiento. Decía que si tuvieras que viajar por mar, elegirías al capitán por su conocimiento y experiencia náutica, no por una votación popular. En la democracia, la tripulación, el pueblo, elige al líder guiada por la simpatía, el carisma o los halagos, ignorando a quienes realmente tienen la preparación para gobernar. Hoy el desafío no es abandonar la democracia, sino perfeccionarla. El futuro de las sociedades libres dependerá menos de su capacidad para elegir gobernantes cada cuatro años que de su capacidad para vigilarlos, corregirlos y hacerlos responsables todos los días.

The cost of a revolution: when politics fails, the economy suffers, and the citizen pays the price. 

This phrase encapsulates one of history’s most complex dynamics: the close and often destructive relationship between political instability and financial collapse. Few historical examples defy this pattern. Major citizen uprisings may stem from legitimate grievances—corruption, abuse of power, a lack of opportunities, or a profound disconnect between the public and their leaders. Yet, one question receives far less attention: what is the economic cost of a revolution for the population? History shows that protests can change governments, spark debate, and even topple authoritarian regimes. However, they can also trigger capital flight, a loss of investment, unemployment, and years of economic stagnation. The true challenge for a democracy lies not in preventing people from protesting, but in building institutions capable of listening before the streets erupt. Here, I analyze the economic costs of uprisings, the lessons offered by various countries, and a fundamental question: do democracies need new mechanisms of accountability beyond voting every four or five years?

The immediate economic impact

When a middle- or upper-middle-income country enters a prolonged period of social instability, the first casualty is confidence. Modern economies rely less on natural resources than on an intangible asset: the credibility that the rules of the game will remain stable. The effects appear quickly: capital flight, as domestic and foreign investors move their assets to safer economies; currency depreciation, which raises the cost of imports and erodes purchasing power; production paralysis, where blockades, shutdowns, and unrest disrupt trade, transportation, and supply chains; and a drop in tax revenue, leaving the state with less income precisely when it faces heightened social demands. Paradoxically, low-income sectors often bear the brunt of these consequences, as they are the most vulnerable to unemployment, inflation, and cuts to public services.

The danger of short-term populism

Faced with a social crisis, many governments react with measures designed to quell immediate unrest—such as broad-based subsidies, unfunded wage hikes, or massive resource transfers. While these decisions may provide temporary relief, they often merely defer the problem to the future. When public spending rises without a permanent funding source, predictable consequences ensue:

Widening fiscal deficits. Increased debt and higher interest rates. Loss of investment-grade status, making credit more expensive for both the state and businesses. Economic history shows that markets may forgive a recession; what they rarely forgive is institutional unpredictability. The most invisible cost is the loss of the future. There is an economic concept particularly useful for understanding these crises: opportunity cost. It is not merely about the money lost today, but about the wealth that will never come into existence. When foreign direct investment declines, the construction of factories, technology centers, infrastructure, and energy projects ceases. Without such investments, thousands of quality jobs fail to materialize. Compounding this is another silent phenomenon: brain drain. Engineers, scientists, entrepreneurs, and highly skilled professionals emigrate in search of stability, diminishing the country's innovative capacity for decades. Revolutions may alter the present, but they can also mortgage the future if they destroy the trust upon which development is built.

Lessons from various countries. International experience demonstrates that not all crises yield the same outcome. The difference often lies less in the intensity of the protests than in the quality of the institutions responding to them.

Egypt. Economic collapse. Following the Arab Spring, tourism and foreign currency inflows plummeted. The country relied on international loans and the sale of state assets to stabilize its economy.

Ecuador. Fiscal correction. Protests against subsidies caused massive losses in transport, commerce, and exports, subsequently forcing a renegotiation of fiscal discipline.

Panama. Successful reforms. After a deep political crisis, the country strengthened its institutions, consolidated the Canal's autonomy, and boosted international investment, becoming one of the continent's major logistics hubs.

Paraguay. Fiscal stability. The tax reform known as "Triple 10" and a commitment to fiscal responsibility transformed the country's international image and facilitated the arrival of new investments.

Chile. Institutional resolution. The social unrest triggered an unprecedented constitutional process. However, the rejection of two constitutional proposals shifted the debate from inequality toward public security and stability. Regarding the economic cost of the unrest, there are certain indicators available today—seven years after the events. Issues concerning pensions, healthcare, and wages remain unresolved; given the current climate of lower employment and reduced growth—largely a consequence of the unrest itself—these problems cannot be addressed in the short term. The destruction caused by the unrest amounted to $3 billion—1% of the GDP—while the cost of reconstruction is estimated at $4.5 billion. The market fell by 12%, and the local stock exchange lost $27 billion in market capitalization. Furthermore, 100,000 jobs were lost in the retail and commerce sector. Insurance companies received 7,500 claims and paid out $1.3 billion. Chile became a global leader in terms of losses resulting from civil unrest, leading to an increase in reinsurance costs across the insurance sector. The Santiago Metro system sustained damage to 122 of its 136 stations, with 22 stations completely burned down—a reconstruction cost of $255 million. Economic growth has also faltered; the country has never returned to the growth levels of the past, a time when Chile’s GDP would double every decade. As for debt and savings, the state’s gross debt has risen from 28% to 42% of GDP, marking a shift from a creditor nation to a debtor nation. Moody’s and other firms have warned that the country’s creditworthiness could be downgraded. The country was clearly heading in one direction, and now it is moving in another. While it is true that the pandemic subsequently occurred, the difference is that most other countries have returned to pre-pandemic growth levels—but Chile has not. What accounts for this difference? The social unrest and its economic consequences.

It is not protests that determine a country's destiny, but the quality of the reforms that follow. Do citizen uprisings serve a purpose? Comparative evidence suggests a negative answer. Yes, uprisings fulfill a historic function: they bring to light issues that institutions had ignored for years. They have succeeded in halting harmful policies, initiating reform processes, and compelling elites to heed long-neglected demands. Yet, there is an obvious limit: an uprising can topple a government, but it cannot govern. Social movements tend to be horizontal and diverse. Without a solid institutional transition, the resulting power vacuum can be filled by better-organized actors—such as political extremists, the military, or even criminal organizations. Therefore, the goal of a mature democracy should be neither to celebrate revolutions nor to repress them, but to render them unnecessary.

The crisis of representative democracy. Perhaps the most important question is not economic, but political. The traditional model of representative democracy grants citizens immense power on election day but very little during the years that follow. In a digital society accustomed to immediacy and transparency, waiting four or five years to correct a poor public policy decision seems increasingly unreasonable. This disconnect fuels the perception that a vote is a blank check and that key decisions are made far removed from public scrutiny.

Can the Swiss model offer an answer? Switzerland represents one of the world's most interesting democratic experiments. There, citizens can veto laws passed by Parliament through referendums, propose popular initiatives to amend legislation, and compel politicians to negotiate consensus before enacting major reforms. The result has not been a more unstable democracy, but rather a remarkably predictable economic policy. Citizens themselves have on various occasions rejected popular yet fiscally unsustainable proposals, demonstrating that participation can also foster responsibility. However, replicating the Swiss model is no simple task. It requires robust institutions, civic education, reliable information, and a culture that accepts democratic outcomes. Without these elements, referendums can become tools for polarization or emotional manipulation.

The opportunity of digital democracy. Technology opens up a possibility that was unthinkable two decades ago: continuously consulting the citizenry without bringing the country to a standstill. Platforms such as Decidim—originally developed in Spain and now used by cities like Barcelona, ​​Mexico City, Helsinki, Milan, and Brussels, as well as other European institutions—allow citizens to propose policies, prioritize investments, and participate in public budgeting processes transparently. Its greatest virtue is not merely listening, but educating. When a citizen allocates resources to a project, they also see the available budget decrease, thereby understanding that every public decision involves trade-offs and priorities. However, digital democracy also faces significant risks: the exclusion of those lacking access or digital literacy; vulnerability to cyberattacks; and manipulation through disinformation and social media polarization. Technology alone cannot replace institutional quality; it merely expands the available toolkit.

The people can be manipulated

This chart is one of the OECD's most important indicators of social mobility. The question it answers is very simple: Out of every 100 children born into the poorest 25% of society, how many manage to reach the wealthiest 25% by the time they are adults? Imagine 20 children born into poor families in Chile. 15 will remain outside the wealthiest 25%. 5 will manage to rise to the highest-income group. That equates to approximately 23%, the figure shown for Chile on the chart. Why does Chile appear first? According to that OECD study (2018), Chile had the highest upward mobility among the countries compared: around 23%. In other words, it offered a child from a poor family a greater chance of reaching a high income level than Denmark, Spain, the United Kingdom, or the United States.

Regarding the merits and costs of the uprisings as I write in my book Ideas of Freedom Driving Development in the case of Chile... "perhaps the moment for Chile to achieve development has already passed. It was so close—closer than any other Latin American country in history—but, unfortunately, it did not succeed. In my view, this was due to a form of self-sabotage, a myopia that prevented them from seeing how close they were (to development). I recall that during the 2019 uprisings—having lived outside of Chile for many years—I happened to be traveling in the Dominican Republic. On October 18, 2019, I watched the events unfold on television, but I could not grasp what had happened. Yet, as Klaus Schmidt-Hebel (a Chilean economist) has suggested, this might simply be a stumble, and it may still be possible to return to the right path. In my experience, Chile had done everything right—and I say this not only based on my personal experience, which I have already discussed in relation to the implementation of the model, but also based on what I observed in other Latin American countries as they sought to reach that same level of development. After leaving the IDB and working for other organizations in the region, I continued to see most of these countries attempting to implement the ideas and public policies that had made the Chilean model so successful. I also realized that it was difficult for these nations to implement such ideas because they lacked the ecosystem that Chile had managed to build. Implementing a system based on freedom addresses a wide range of issues; the underlying principles are profound—difficult to attain, yet of great importance. From Socrates and Cicero to modern thinkers, all have sought freedom for the power it carries, as it likely represents our noblest values. For instance, consider the issue of social housing—an area in which I was working with a global organization at the time..." 

During the protests in Chile, it was unlikely that any other country could match Chile’s low interest rates for housing mortgages—rates that proved more effective at addressing the housing issue than any central planning, government program, or philanthropic initiative. This is because so many different elements must come together that only a principle like freedom—allowing individuals to act in their own self-interest—can achieve such a result. For other countries, achieving this was difficult, as their domestic savings rates did not match the levels Chile had attained—levels driven by the depth of its financial market and the personal pension capitalization funds that serve as the market's guiding principle. This pattern played out across various economic sectors; that is why I view the protests as an act of self-sabotage. I could see the gap in development between Chile and the rest of the region—a region where I work to create opportunities for the most vulnerable, whether through digital inclusion, tourism, housing, the green economy, or the financial system. That moment had such a profound impact on me: how could a country that had reached such a level of development throw it all away? It was like an adolescent lacking the maturity to make the right decisions, failing to grasp that replicating those conditions—that unique combination of elements creating such a virtuous dynamic—is incredibly difficult. Chileans also fell prey to this self-sabotage, misled by politicians who prioritized equality over growth. They were promised a dream future without any understanding of what it takes to move a society forward, or how the ecosystem either fosters or stifles the development of nations and their people. What do political leaders generally know about development? When have they ever been involved in projects that drive development? Very little, in my view; I do not believe they have worked on development projects or devised successful public policies—had they done so, they would not have made the decisions they did. Yet, nations make mistakes, and I suppose one must have the humility to accept that, however frustrating it may be."

Venezuela. Now we must acknowledge that economic costs can stem not only from uprisings but also from democratic governments; here, I explain Venezuela's path toward poverty in the aforementioned book. "How do nations make mistakes? The political history of Venezuela—exemplified by Carlos Andrés Pérez, who served as president twice—illustrates this. His nationalization of the oil industry sowed the seeds of corruption, which eventually paved the way for Chávez to become president in 1999, leading to the destruction of what was once the wealthiest country in Latin America. Had the oil industry not been nationalized—and had the state-owned enterprise Petróleos de Venezuela (PDVSA), the primary source of corruption in the country, not been created (as everyone began to live off it)—and had sound public policies been implemented instead, Venezuelans today might be as prosperous as the citizens of Kuwait, the UAE, Qatar, or Norway. But the people made a mistake. During that same period, the UAE—possessing only a fraction of Venezuela’s oil reserves—has built a sovereign wealth fund of $600 billion and boasts a per capita income of $88,000; meanwhile, Norway has amassed a fund of $900 billion with a per capita income of $118,000. Venezuela, by contrast, is now bankrupt, burdened by massive debts to China and Russia, and has a per capita income of $16,000—with 70% of its population living in conditions comparable to those in Haiti. The populace, without a doubt, can be mistaken."

Democracy must evolve.

Citizen uprisings do not represent a failure of society; above all, they represent a failure of politics to channel social demands in a timely manner. Economic stability is not achieved by silencing discontent, but by building institutions where citizens can exert influence in a continuous, transparent, and responsible way. Between purely representative democracy and permanent revolution lies a middle path: a democracy characterized by greater accountability, gradual binding consultations, popular initiatives, and well-designed digital participation. More than two thousand years ago, Plato warned that a democracy could succumb to demagoguery when charisma displaced knowledge. He argued that if one were to travel by sea, one would choose the captain based on nautical knowledge and experience, not through a popular vote. In a democracy, however, the crew—the people—chooses the leader based on likability, charisma, or flattery, ignoring those who are truly qualified to govern. Today, the challenge is not to abandon democracy, but to perfect it. The future of free societies will depend less on their ability to elect leaders every four years than on their ability to monitor, correct, and hold them accountable on a daily basis.